Las drogas son por definición, sustancias con potencial para incidir en aspectos específicos de la salud del ser humano. Sin embargo, en el contexto cultural latinoamericano, el uso de esta palabra engloba principalmente a compuestos psicoactivos, autoadministrados con fines recreativos y a su vez, con potencial de generar dependencia o abuso en los consumidores. Dicha posible dependencia podría desencadenar en daños a la salud a largo plazo, por lo que ha situado su uso en el área de la ilegalidad.
Muchas de estas sustancias psicoactivas pueden obtenerse debido a técnicas y avances del mundo de las biociencias, sin embargo, existe un aspecto fundamental pocas veces considerado, y es la violencia, pero no solo la que escuchamos diariamente en los noticieros con respecto a los carteles y productores masivos, sino, la violencia implícita que se inflinge hacia las víctimas de un sistema que está poco dispuesto a tratar el tema.
Según el reporte global sobre uso de drogas de Naciones Unidas (2020) existen alrededor de 35.6 millones consumidores problemáticos de las mismas,encontrándose la mayoría de usuarios en los países desarrollados. De acuerdo a estos datos, los segmentos con mayores ingresos son aquellos que registran mayor prevalencia de consumo, aun cuando, es en los sectores más pobres donde se evidencia una mayor propensión al uso problemático de sustancias. Tan solo una de cada ocho personas que necesitan tratamiento lo recibe. Una de cada tres personas usuarias de drogas es mujer, pero solo una de cada cincomujeres usuarias accede a tratamiento. Presos, inmigrantes, desplazados, población LGBTIQ, y consumidores en situación de vulnerabilidad son quienes enfrentan mayor discriminación y estigma.
Para varios actores políticos los usuarios de drogas tienen dos caminos: la muerte o una rehabilitación poco tecnificada y sin criterios médicos; tristemente, el encarcelamiento aún es una opción para ciertos tomadores de decisión. Se promueve el aislamiento de los usuarios problemáticos a clínicas residenciales,conocidas comúnmente como centros de rehabilitación: espacios de privación de la libertad a cargo de terceros, públicos o privados.
El Ecuador no cuenta con un marco legal e institucional sólido que permita enfrentar el estigma sobre los usuarios de drogas. Por un lado la Ley de Drogas (2015) y su reglamento no desarrollan normativa que permita sellar el enfoque de salud pública y derechos humanos según lo determina el artículo 364 de la Constitución. Por otro lado, en el 2018 se suprimió de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, cuyas atribuciones recayeron sobre los Ministerios de Salud y del Interior, actualmente Ministerio de Gobierno.
El reemplazo de la evidencia científica por criterios subjetivos, ha colocado sobre los hombros de los usuarios de drogas la responsabilidad de justificar hasta su condición humana. El relato mediático de las drogas nos sitúa en cárceles, incautaciones y novelas, consolidando criterios que relacionan al narcotráfico únicamente con las drogas. Emmerich (2015) señala que el tráfico de drogas es la parte visible y mediática del narcotráfico, una denominación que encierra economías ilegales asociadas con el lavado de dinero, trata de personas y órganos, minería ilegal, precursores, tráfico de armas, etc. todas ellas subyacentes en síntomas como la corrupción y violencia desatada por disputas territoriales.
Resultaría predecible acabar con el narcotráfico erradicando la oferta y la demanda de drogas. De hecho, los discursos se centran en la securitización, dejando por fuera la precariedad de una política pública abandonada a su suerte aún en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Por otro lado, parecería que el Estado hace oídos sordos a los factores que la desencadenan en consumos problemáticos, reproduciendo varios factores de riesgo como la falta de acceso a trabajo, vivienda, educación, salud; toda una cadena de sucesos en medio de sendas desigualdades que acaban fortaleciendo las economías ilegales y, nuevamente, criminalizando la pobreza.
El contexto ecuatoriano es incongruente con el discurso internacional sobre las drogas: La Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS) realizada en el 2016 reconoció el fracaso de la guerra contra las drogas. La Comisión de Estupefacientes (CND), máximo organismo internacional para la toma de decisiones en materia de drogas, actualmente discute las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre la desclasificación del cannabidiol como una sustancia nociva, la cual consta en la lista IV, la categoría más restrictiva de la Convención de 1961.
El incremento de la violencia –coincidentemente en relación al aumento del totalitarismo- , una población creciente de consumidores, la aparición de nuevas sustancias y la estigmatización sugieren,camino arriba, esfuerzos para entablar un debate sensato y coherente que permita soltar las anclas que condenan a la violencia.
Fuentes consultadas:
Asamblea de las Naciones Unidas sobre Drogas (2016) Documento final de la Sesión especial de Asamblea de las Naciones Unidas sobre Drogas [UNGASS]. Viena: Naciones Unidas.
Asamblea Nacional (2015) Ley Orgánica para la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, control y regulación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Quito: Asamblea Nacional.
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (1961) Convención única sobre estupefacientes. New York.
Constitución de la República del Ecuador (2008) Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.
Emmerich, N. (2015) Geopolítica del Narcotráfico en América Latina. México: Instituto de Administración Pública del Estado de México.
Naciones Unidas [ONUDC] (2020) Reporte global sobre uso de drogas. Naciones Unidas.
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (2019) Visita País a Ecuador, 17-26 de septiembre de 2019 por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Sr. Dainius Pūras . Quito.
Presidencia de la República del Ecuador (2018) Decreto Ejecutivo Nro. 376. Quito.
Presidencia de la República del Ecuador (2018) Decreto Ejecutivo Nro. 426. Quito.