- 4 mar. 2022
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 30 abr. 2023
Escrito por Tamara Bustos-Viteri
Vivimos un punto de inflexión, nos hemos convertido en la sociedad del conocimiento caracterizada por el aprovechamiento de tecnologías de la información y de la comunicación en múltiples esferas de la vida social, colocando a la innovación y la gestión tecnológica como motores del desarrollo. Este cambio de paradigma no ha sido fortuito ni mucho menos repentino, es producto de un proceso que, si bien es complejo puede ser estructurado, planificado, medido y escalado considerando las necesidades del mercado y la sociedad planteando nuevas problemáticas, retos y oportunidades.
Al cambiar la necesidad, cambia la demanda y por ende las tendencias seguidas por: la industria como principal comercializadora y masificadora de tecnología, la academia como principal generadora de conocimiento y tecnología y, el gobierno como ente regulador. El aumento en la demanda tecnológica indudablemente requiere mayor cantidad de recursos para su desarrollo, producción y comercialización, causando cambios sociales, pero también deterioro ambiental representado en su máxima expresión por el cambio climático.
Diversos autores concuerdan en señalar a la industria como la principal causante de la problemática ambiental, sosteniendo que: 1) el sector empresarial funge como agente activo entre el mercado de bienes y servicios, tomando, transformando y valorizando recursos naturales y ambientales mediante la aplicación de tecnologías, y 2) el medio ambiente es un definidor de la supervivencia, esta contraposición implica la limitación de la industria en función del ambiente.
Con la finalidad de alertar de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico, se publica el Informe Brundtland (1987), donde se acuña por primera vez el término sostenibilidad y que sería el precursor de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS. Este hito marca un punto de inflexión dentro de los procesos de gestión tecnológica obligando a la academia e industria a innovar, no solamente en lo referente a introducir novedades en los mercados, sino en la generación de nuevas tecnologías y estrategias que satisfagan las necesidades de la demanda sin comprometer la capacidad de generaciones futuras.
Si bien el deterioro ambiental actual se debe en gran parte a la masificación de la producción debido al uso o desarrollo de nuevas y más invasivas tecnologías extractivistas, paradójicamente en los avances tecnológicos existen respuestas potenciales para la solución de problemas, entre ellos el ambiental. Por este motivo se plantea una nueva concepción del modelo de trasferencia tecnológica donde los procesos de flujos de saber, experiencia y equipo deben orientarse a mitigar y adaptarse al cambio climático. Un claro ejemplo de trasferencia tecnológica con un enfoque sostenible, es el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, incluido dentro del protocolo de Kioto y enfocado a la reducción de emisiones.
Diversos trabajos muestran cómo la transferencia, uso y masificación de tecnologías limpias es un proceso gradual y, depende en gran medida de la economía e interés de cada país, en el caso de América Latina apenas a finales de los años 90’s surge la preocupación por políticas públicas que permitiesen la inversión en ciencia y tecnología ocasionando un marcado retraso en la región en comparación con países como Corea del Sur que destina el 4,3% de su PIB a investigación y desarrollo.
La innovación, la gestión y la transferencia tecnológica son necesarias, pero es deseable que estas sean concebidas y aplicadas con enfoque de sostenibilidad ambiental. Ello supone un reto enorme ya que presentan un alto grado de complejidad, tanto en su estudio, como en su diseño al estar condicionadas por diversos factores que no solamente se relacionan al ambiente, la industria o la academia, sino al gobierno a través de políticas públicas. Es aquí donde se vuelve indudable que existen acciones que han demostrado favorecer el desarrollo tecnológico, como brindar seguridad legal, proteger la propiedad intelectual, fomentar la inversión pública, facilitar la inversión extranjera, e invertir en tecnología limpias.
La necesidad de combatir el cambio climático y, más recientemente, la necesidad de implementar agendas que faciliten el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible rumbo a 2030, han promovido la firma de acuerdos de cooperación entre países miembros de la Organización de las Naciones Unidas ONU. Sin embargo, al realizar un breve análisis de los logros alcanzados en ciencia, transferencia de tecnología ecológica, cooperación técnica y fomento de capacidades entre otros, nos encontramos que los avances logrados son mínimos. Es imperativo pensar mecanismos que permitan facilitar el acceso equitativo a tecnologías maduras, o plantear alternativas a escala internacional que permitan repensar el sistema de propiedad intelectual global.
Si bien la tecnología es la causante de la problemática ambiental actual, también ha demostrado ser una alternativa para mitigar y remediar los daños causados, pero no lo hace por sus atributos solamente, sino por la direccionalidad que las instituciones le dan. Es vital la incorporación de la eco-eficiencia dentro de las industrias, generando bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas que contribuyan a aumentar la calidad de vida, al mismo tiempo que reduzcan los impactos ecológicos y la intensidad en el consumo de recursos durante toda la vida del producto o servicio.
El hecho de que dentro de los procesos en la industria consideren ya no solo parámetros económicos y sociales, sino en el impacto ambiental, puede considerarse un logro en sí, lo que no significa que no quede todavía un largo camino por recorrer en lo relacionado a políticas públicas, cooperación internacional, leyes de propiedad intelectual y flexibilización de los mercados, por mencionar algunas.
La integración de los sectores partícipes dentro de los procesos I+D+i (academia, industria, gobierno y sociedad) es indispensable para encontrar un modelo de gestión dinámico que equilibre las demandas del mercado en función de la disponibilidad de los bienes ambientales y permita tanto atender las necesidades largamente postergadas de segmentos importantes de la población, como garantizar el ejercicio de los derechos para las futuras generaciones.
